Trazan ruta para impulsar al sector constructor

La modificación de un decreto sobre obligaciones urbanísticas busca incentivar la construcción en Medellín, que a pesar de la pandemia es un sector que no ha decrecido sino que registra incrementos importantes, según reconoce el gremio.

La modificación de un decreto sobre obligaciones urbanísticas busca incentivar la construcción en Medellín, que a pesar de la pandemia es un sector que no ha decrecido sino que registra incrementos importantes, según reconoce el gremio.


Las obligaciones urbanísticas, básicamente consisten en los pagos que hacen los constructores por la ejecución de sus obras de infraestructura, que son especialmente de vivienda y edificaciones privadas destinadas a fines como el comercial, por ejemplo. Los pagos pueden hacerse en dinero o a través de obras de uso público y se conocen como compensaciones urbanísticas.


Lo que acaba de hacer la alcaldía de Medellín es modificar el Decreto 2502 de 2019, que “reglamenta el procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión pública en el municipio de Medellín”.


El nuevo decreto es el 0242 de 2021, que establece un cambio en las reglas y que representa dos beneficios para los constructores a la hora de pagar sus obligaciones urbanísticas, ya que las mismas son una compensación al Municipio por el aprovechamiento del suelo.


Entre los beneficios están las reglas de ingreso al factor progresivo.


Lo anterior significa que “todo constructor que saque una licencia para hacer un macroproyecto podrá obtener un beneficio entre el 30 %, 40 % o 60 % de descuento, de acuerdo con el orden de llegada o de expedición de la licencia”, según explicó el subsecretario de Control Urbanístico de la alcaldía,


Además de los descuentos ya enunciados, la modificación al decreto 2502 también le permite al constructor que desde el mismo momento en el cual recibe la licencia para ejecutar un proyecto pueda hacer el pago de las obligaciones urbanísticas, como mínimo del 5 % de manera anticipada y así pueda estabilizar el precio del valor del suelo. Esta concesión tiene como ventaja que durante dos años ese valor se modifique según el IPC (índice de Precios al Consumidor) anual y no con base en el costo del mapa de zonas.


“Esto garantiza que el constructor sepa desde el inicio cuánto va a costar su construcción en materia de obligaciones urbanísticas”, subrayó Vergara.


 

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